La relocalización de empresas extranjeras, conocida como nearshoring, ha surgido como una estrategia económica vital tras las turbulencias ocasionadas por la pandemia y las crecientes tensiones geopolíticas globales.
En particular, Centroamérica se ha destacado como un destino prominente para dichas inversiones, con Costa Rica a la cabeza, reportando cifras récord en Inversión Extranjera Directa (IED) durante el año 2023.
La suiza centroamericana registró una entrada de $3.921 millones en IED, superando en un 131% la meta proyectada de $3.000 millones. Este incremento se debe en gran medida a la adopción del régimen de zonas francas, que atrajo el 61% de la IED, seguido por un 19% en régimen definitivo.
Los sectores más beneficiados incluyen la hotelería y alojamiento, dispositivos médicos y semiconductores. Este fenómeno no solo refleja un cambio en la dinámica económica local sino que también plantea cuestionamientos sobre la sostenibilidad y equidad de tales políticas de inversión.
La elección de Costa Rica como centro de nearshoring responde a su estabilidad política y económica, infraestructura avanzada y un régimen fiscal favorable para las corporaciones extranjeras.
Sin embargo, la llegada masiva de capitales también plantea interrogantes críticos:
¿A qué costo se logra este desarrollo?
¿Está beneficiando realmente a las comunidades locales o simplemente se está perpetuando una forma de colonialismo económico moderno?
Mientras tanto, otros países de la región como Panamá y República Dominicana también han visto aumentos significativos en su IED, especialmente en sectores como la minería y energías renovables, aunque con un enfoque diferente en comparación con el modelo costarricense. Esto demuestra una diversificación en las estrategias de atracción de inversiones que podría ser crucial para el desarrollo sostenible de la región.
El crecimiento de la IED en Centroamérica y, en particular, en Costa Rica, ha generado un debate sobre las consecuencias a largo plazo de depender excesivamente del capital extranjero. Las tensiones locales aumentan cuando las ganancias de tales inversiones no se distribuyen equitativamente. Además, la dependencia de la economía nacional hacia los capitales extranjeros puede comprometer la soberanía económica del país a largo plazo.
Este escenario deja a Costa Rica en una encrucijada económica y social. Mientras que por un lado se celebran los números rojos que indican crecimiento y atracción de inversiones, por otro lado se levantan voces críticas que cuestionan la sostenibilidad y justicia de dicho crecimiento.
La estrategia de nearshoring, vista como una solución a corto plazo, requiere de una evaluación crítica para garantizar que su implementación no solo sea lucrativa, sino también equitativa y sostenible para las futuras generaciones de costarricenses.
En particular, Centroamérica se ha destacado como un destino prominente para dichas inversiones, con Costa Rica a la cabeza, reportando cifras récord en Inversión Extranjera Directa (IED) durante el año 2023.
La suiza centroamericana registró una entrada de $3.921 millones en IED, superando en un 131% la meta proyectada de $3.000 millones. Este incremento se debe en gran medida a la adopción del régimen de zonas francas, que atrajo el 61% de la IED, seguido por un 19% en régimen definitivo.
Los sectores más beneficiados incluyen la hotelería y alojamiento, dispositivos médicos y semiconductores. Este fenómeno no solo refleja un cambio en la dinámica económica local sino que también plantea cuestionamientos sobre la sostenibilidad y equidad de tales políticas de inversión.
La elección de Costa Rica como centro de nearshoring responde a su estabilidad política y económica, infraestructura avanzada y un régimen fiscal favorable para las corporaciones extranjeras.
Sin embargo, la llegada masiva de capitales también plantea interrogantes críticos:
¿A qué costo se logra este desarrollo?
¿Está beneficiando realmente a las comunidades locales o simplemente se está perpetuando una forma de colonialismo económico moderno?
Mientras tanto, otros países de la región como Panamá y República Dominicana también han visto aumentos significativos en su IED, especialmente en sectores como la minería y energías renovables, aunque con un enfoque diferente en comparación con el modelo costarricense. Esto demuestra una diversificación en las estrategias de atracción de inversiones que podría ser crucial para el desarrollo sostenible de la región.
El crecimiento de la IED en Centroamérica y, en particular, en Costa Rica, ha generado un debate sobre las consecuencias a largo plazo de depender excesivamente del capital extranjero. Las tensiones locales aumentan cuando las ganancias de tales inversiones no se distribuyen equitativamente. Además, la dependencia de la economía nacional hacia los capitales extranjeros puede comprometer la soberanía económica del país a largo plazo.
Este escenario deja a Costa Rica en una encrucijada económica y social. Mientras que por un lado se celebran los números rojos que indican crecimiento y atracción de inversiones, por otro lado se levantan voces críticas que cuestionan la sostenibilidad y justicia de dicho crecimiento.
La estrategia de nearshoring, vista como una solución a corto plazo, requiere de una evaluación crítica para garantizar que su implementación no solo sea lucrativa, sino también equitativa y sostenible para las futuras generaciones de costarricenses.
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