En un país donde el calor del sol refleja a menudo el ardor de sus debates sociales, la explotación laboral se cierne como una nube persistente sobre el horizonte costarricense.
Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), un alarmante 37,4% de las personas trabajadoras asalariadas en Costa Rica afirman que sus horas extras no son reconocidas por sus empleadores. Esta cifra no solo dibuja un retrato de la desconsideración corporativa, sino que también subraya una crisis más profunda en el sistema laboral del país.
Esta problemática se extiende más allá de las horas extras no pagadas. Un 19,3% de los trabajadores no disfruta de vacaciones pagadas y un 21% carece de seguro contra riesgos laborales.
¿Acaso no es esto un reflejo de un modelo económico que prioriza el beneficio sobre el bienestar humano?
La cifra de personas ocupadas que reportan no tener seguro por trabajo asciende a 25,4%, y un 17,2% de la fuerza laboral trabaja más de 48 horas a la semana, superando así el límite considerado saludable y justo.
El aumento en la "no participación laboral", que se disparó del 40,1% en 2021 al 46,2% en 2023, sugiere un desencanto creciente con el mercado laboral, quizá impulsado por estas injusticias. Además, mientras que el empleo informal y el subempleo siguen siendo una realidad para muchos costarricenses, los mecanismos de inspección laboral y las políticas de protección al trabajador parecen insuficientes o ineficaces.
El Gobierno, en un intento por "transformar una jornada extraordinaria en ordinaria", ha propuesto jornadas de 12 horas que, aunque prometen flexibilidad, podrían resultar en más explotación al evitar el pago de horas extras. Este tipo de políticas no solo es un retroceso en los derechos laborales, sino que también podría beneficiar desproporcionadamente a las empresas en detrimento de los trabajadores.
¿Qué dice esto sobre nuestra sociedad?
La economía de un país debería medirse no solo por su PIB o su tasa de desempleo, sino por la calidad y equidad de sus empleos. En Costa Rica, parece que aún estamos lejos de este ideal. La desigualdad laboral es una amarga ironía en una nación que se enorgullece de su estabilidad y democracia.
Mientras las empresas continúan evadiendo responsabilidades, y el gobierno parece lento o reticente en fortalecer las políticas de protección laboral, los trabajadores de Costa Rica se encuentran en una encrucijada crítica. La lucha por los derechos laborales es, en última instancia, una lucha por la dignidad y la justicia social.
Este es un llamado a la acción, no solo para los legisladores y empresarios, sino para todos los ciudadanos: es hora de demandar y trabajar por un sistema que valore al trabajador tanto como valora la ganancia.
Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), un alarmante 37,4% de las personas trabajadoras asalariadas en Costa Rica afirman que sus horas extras no son reconocidas por sus empleadores. Esta cifra no solo dibuja un retrato de la desconsideración corporativa, sino que también subraya una crisis más profunda en el sistema laboral del país.
Esta problemática se extiende más allá de las horas extras no pagadas. Un 19,3% de los trabajadores no disfruta de vacaciones pagadas y un 21% carece de seguro contra riesgos laborales.
¿Acaso no es esto un reflejo de un modelo económico que prioriza el beneficio sobre el bienestar humano?
La cifra de personas ocupadas que reportan no tener seguro por trabajo asciende a 25,4%, y un 17,2% de la fuerza laboral trabaja más de 48 horas a la semana, superando así el límite considerado saludable y justo.
El aumento en la "no participación laboral", que se disparó del 40,1% en 2021 al 46,2% en 2023, sugiere un desencanto creciente con el mercado laboral, quizá impulsado por estas injusticias. Además, mientras que el empleo informal y el subempleo siguen siendo una realidad para muchos costarricenses, los mecanismos de inspección laboral y las políticas de protección al trabajador parecen insuficientes o ineficaces.
El Gobierno, en un intento por "transformar una jornada extraordinaria en ordinaria", ha propuesto jornadas de 12 horas que, aunque prometen flexibilidad, podrían resultar en más explotación al evitar el pago de horas extras. Este tipo de políticas no solo es un retroceso en los derechos laborales, sino que también podría beneficiar desproporcionadamente a las empresas en detrimento de los trabajadores.
¿Qué dice esto sobre nuestra sociedad?
La economía de un país debería medirse no solo por su PIB o su tasa de desempleo, sino por la calidad y equidad de sus empleos. En Costa Rica, parece que aún estamos lejos de este ideal. La desigualdad laboral es una amarga ironía en una nación que se enorgullece de su estabilidad y democracia.
Mientras las empresas continúan evadiendo responsabilidades, y el gobierno parece lento o reticente en fortalecer las políticas de protección laboral, los trabajadores de Costa Rica se encuentran en una encrucijada crítica. La lucha por los derechos laborales es, en última instancia, una lucha por la dignidad y la justicia social.
Este es un llamado a la acción, no solo para los legisladores y empresarios, sino para todos los ciudadanos: es hora de demandar y trabajar por un sistema que valore al trabajador tanto como valora la ganancia.
