En un matiz de controversia y reflexión social, Costa Rica vive tiempos de cambio en su política sobre el cannabis.
A medida que el país centroamericano evalúa la frontera entre lo legal y lo ilegal respecto al consumo de marihuana, las estadísticas pintan un panorama de transformación social. La Encuesta en Hogares sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas del 2022 reveló un aumento en el consumo de cannabis, especialmente entre jóvenes de 20 a 29 años, lo cual ha impulsado debates sobre la regulación y la legalización de su uso recreativo.
Aunque el cultivo, trasiego y venta de marihuana permanecen penados, la posesión y transporte para autoconsumo no constituyen un crimen.
Las cantidades para el autoconsumo no están definidas, dejando a las autoridades la tarea de discernir las intenciones detrás de la posesión caso por caso. Además, las medidas preventivas y educativas están siendo ajustadas en respuesta a estos cambios en los hábitos de consumo.
La legislación vigente, así como propuestas en proceso legislativo, buscan poner límites claros al cultivo, publicidad y venta de cannabis en espacios públicos y privados.
Por ejemplo, los puntos de venta de cannabis no podrán ubicarse a menos de 400 metros de centros educativos y otros espacios comunitarios. Y aunque se permitiría la comercialización en establecimientos con licencia, el autocultivo seguiría estando prohibido.
La iniciativa legislativa enfrenta oposición significativa en la Asamblea Legislativa, aunque también hay voces que apoyan una regulación más flexible y completa que aborde el creciente consumo de cannabis en el país.
Esta situación en Costa Rica refleja una tensión global sobre el cannabis y sus derivados.
Mientras que algunos argumentan los beneficios terapéuticos y la libertad personal, otros señalan los riesgos y la posible puerta de entrada a adicciones más severas.
El debate sigue en pie, y con él, un paisaje legislativo que continúa evolucionando.
A medida que el país centroamericano evalúa la frontera entre lo legal y lo ilegal respecto al consumo de marihuana, las estadísticas pintan un panorama de transformación social. La Encuesta en Hogares sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas del 2022 reveló un aumento en el consumo de cannabis, especialmente entre jóvenes de 20 a 29 años, lo cual ha impulsado debates sobre la regulación y la legalización de su uso recreativo.
Aunque el cultivo, trasiego y venta de marihuana permanecen penados, la posesión y transporte para autoconsumo no constituyen un crimen.
Las cantidades para el autoconsumo no están definidas, dejando a las autoridades la tarea de discernir las intenciones detrás de la posesión caso por caso. Además, las medidas preventivas y educativas están siendo ajustadas en respuesta a estos cambios en los hábitos de consumo.
La legislación vigente, así como propuestas en proceso legislativo, buscan poner límites claros al cultivo, publicidad y venta de cannabis en espacios públicos y privados.
Por ejemplo, los puntos de venta de cannabis no podrán ubicarse a menos de 400 metros de centros educativos y otros espacios comunitarios. Y aunque se permitiría la comercialización en establecimientos con licencia, el autocultivo seguiría estando prohibido.
La iniciativa legislativa enfrenta oposición significativa en la Asamblea Legislativa, aunque también hay voces que apoyan una regulación más flexible y completa que aborde el creciente consumo de cannabis en el país.
Esta situación en Costa Rica refleja una tensión global sobre el cannabis y sus derivados.
Mientras que algunos argumentan los beneficios terapéuticos y la libertad personal, otros señalan los riesgos y la posible puerta de entrada a adicciones más severas.
El debate sigue en pie, y con él, un paisaje legislativo que continúa evolucionando.
