En Costa Rica, la ausencia de un Registro de Ofensores Sexuales ha puesto en evidencia un rezago significativo en comparación con otras naciones que sí disponen de sistemas similares. Este déficit no solo entorpece la labor policial sino que además expone a la población a riesgos evitables, destacando la urgente necesidad de reformas legislativas que fortalezcan la seguridad ciudadana.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha levantado la voz para demandar la creación de un registro que permita a las autoridades acceder rápidamente a información vital sobre individuos con antecedentes de delitos sexuales. Según Randall Zúñiga, director del OIJ, la implementación de este registro facilitaría enormemente la investigación y prevención de crímenes, especialmente en casos de desapariciones y agresiones a mujeres, que últimamente han cobrado visibilidad pública debido a su trágica frecuencia.
Zúñiga propone que, además de incluir a los ofensores sexuales en un registro consultable, se tomen muestras de ADN de manera no invasiva para integrarlas en un banco de datos que agilice las comparaciones y búsquedas necesarias durante las investigaciones. Esta medida podría revolucionar la manera en que se manejan los casos de desapariciones, que actualmente no se consideran delitos hasta que no se demuestre lo contrario, complicando así las acciones preventivas y de seguimiento.
La falta de este registro no solo es un vacío legal, sino también un reflejo de una política de seguridad pública obsoleta que necesita adaptarse a las dinámicas criminales contemporáneas. La propuesta del OIJ ha encontrado eco en algunos legisladores, quienes han comenzado a trabajar en la formulación de la necesaria reforma legislativa.
Sin embargo, es fundamental cuestionar por qué, en un tema tan crucial como la seguridad y la justicia para las víctimas de delitos sexuales, Costa Rica parece moverse a un paso tan lento.
¿Acaso las tragedias no son suficientes para acelerar el cambio legislativo?
¿Cuántos casos más como el de Emilce Soto y Kimberly Araya, recientemente asesinadas, necesitamos para que el clamor por justicia se traduzca en acciones concretas?
Este debate no solo debe enfocarse en la implementación técnica del registro, sino también en una discusión más amplia sobre cómo protegemos a los más vulnerables en nuestra sociedad y cómo podemos prevenir que más vidas sean marcadas por la violencia.
El registro de ofensores sexuales es, sin duda, un paso en la dirección correcta, pero también es un recordatorio de los muchos que aún quedan por dar en la lucha contra la impunidad y en la construcción de un sistema de justicia que realmente disuada y prevenga el crimen en Costa Rica.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha levantado la voz para demandar la creación de un registro que permita a las autoridades acceder rápidamente a información vital sobre individuos con antecedentes de delitos sexuales. Según Randall Zúñiga, director del OIJ, la implementación de este registro facilitaría enormemente la investigación y prevención de crímenes, especialmente en casos de desapariciones y agresiones a mujeres, que últimamente han cobrado visibilidad pública debido a su trágica frecuencia.
Zúñiga propone que, además de incluir a los ofensores sexuales en un registro consultable, se tomen muestras de ADN de manera no invasiva para integrarlas en un banco de datos que agilice las comparaciones y búsquedas necesarias durante las investigaciones. Esta medida podría revolucionar la manera en que se manejan los casos de desapariciones, que actualmente no se consideran delitos hasta que no se demuestre lo contrario, complicando así las acciones preventivas y de seguimiento.
La falta de este registro no solo es un vacío legal, sino también un reflejo de una política de seguridad pública obsoleta que necesita adaptarse a las dinámicas criminales contemporáneas. La propuesta del OIJ ha encontrado eco en algunos legisladores, quienes han comenzado a trabajar en la formulación de la necesaria reforma legislativa.
Sin embargo, es fundamental cuestionar por qué, en un tema tan crucial como la seguridad y la justicia para las víctimas de delitos sexuales, Costa Rica parece moverse a un paso tan lento.
¿Acaso las tragedias no son suficientes para acelerar el cambio legislativo?
¿Cuántos casos más como el de Emilce Soto y Kimberly Araya, recientemente asesinadas, necesitamos para que el clamor por justicia se traduzca en acciones concretas?
Este debate no solo debe enfocarse en la implementación técnica del registro, sino también en una discusión más amplia sobre cómo protegemos a los más vulnerables en nuestra sociedad y cómo podemos prevenir que más vidas sean marcadas por la violencia.
El registro de ofensores sexuales es, sin duda, un paso en la dirección correcta, pero también es un recordatorio de los muchos que aún quedan por dar en la lucha contra la impunidad y en la construcción de un sistema de justicia que realmente disuada y prevenga el crimen en Costa Rica.
. Y los depredadores no puedan vivir ni acercarse a escuelas , parques...
