Creo que el tema es una cuestión de legalidad y de cómo cada sujeto juega su papel.
El que presta sabe de antemano el riesgo que corre de que su dinero no le sea devuelto, máxime sin garantías reales (como una casa, un lote por ejemplo). El sujeto que presta sabe las cartas que tiene a la mano y como las usa, por ejemplo: las llamadas acosantes en buena teoría no son permitidas y violentan lo que el estado de derecho profesa; sin embargo, no todos los deudores saben que se puede sancionar ese tipo de llamadas. Entonces las empresas las usan como un recurso de cobranza arriesgándose cierto; pero, lo hacen por que saben que en la mayoría de los casos quedaran impunes.
El deudor por su parte tiene una obligación comercial de pagar; no obstante, acá queda de lado el tema de la moralidad o los buenos principios eso la ley no lo rige en tema de deudores, y entonces usted mismo lo indica un decreto de embargo de salario sería casi lo máximo a llegar. Que existan sanciones morales (como que a llamen a los primos a cobrar la deuda de él y los primos se "coman vivo" al deudor), si existen esas sanciones; pero, el efecto que estas causen en el deudor tiende a depender de las prioridades que él tenga en su vida y de que tanto le importe la opinión de los demás.