En Costa Rica, la forma de calcular el pago por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico utilizado por radioemisoras y televisoras está siendo debatida intensamente.
Actualmente, el monto a pagar se calcula en base a la potencia de transmisión, pero diversos sectores proponen que se ajuste según el tipo de medio, las ganancias del concesionario y la cantidad de frecuencias que posee cada grupo económico.
El proyecto de ley presentado busca actualizar la Ley de Radio de 1965, estipulando que las emisoras de radio y televisión paguen un impuesto anual basado en su potencia, pero ha generado controversia. Los críticos argumentan que esta metodología no toma en cuenta la disparidad en los ingresos y el impacto social de los distintos medios, favoreciendo a aquellos con mayores recursos y penalizando a los medios más pequeños o comunitarios.
La iniciativa ha sido respaldada por cámaras empresariales, argumentando que la metodología propuesta es objetiva y respetuosa con los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
Sin embargo, voces críticas, incluidos académicos y representantes de medios de comunicación social, sugieren que el impuesto debe considerar la capacidad económica de los concesionarios para reflejar una carga tributaria más equitativa y justa.
El debate continúa en la Asamblea Legislativa, donde se discuten mociones de fondo en un procedimiento abreviado.
Esta situación pone de relieve la necesidad de una legislación que no solo se actualice en términos monetarios, sino que también considere la diversidad y el papel fundamental de los medios en la sociedad costarricense.
Actualmente, el monto a pagar se calcula en base a la potencia de transmisión, pero diversos sectores proponen que se ajuste según el tipo de medio, las ganancias del concesionario y la cantidad de frecuencias que posee cada grupo económico.
El proyecto de ley presentado busca actualizar la Ley de Radio de 1965, estipulando que las emisoras de radio y televisión paguen un impuesto anual basado en su potencia, pero ha generado controversia. Los críticos argumentan que esta metodología no toma en cuenta la disparidad en los ingresos y el impacto social de los distintos medios, favoreciendo a aquellos con mayores recursos y penalizando a los medios más pequeños o comunitarios.
La iniciativa ha sido respaldada por cámaras empresariales, argumentando que la metodología propuesta es objetiva y respetuosa con los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
Sin embargo, voces críticas, incluidos académicos y representantes de medios de comunicación social, sugieren que el impuesto debe considerar la capacidad económica de los concesionarios para reflejar una carga tributaria más equitativa y justa.
El debate continúa en la Asamblea Legislativa, donde se discuten mociones de fondo en un procedimiento abreviado.
Esta situación pone de relieve la necesidad de una legislación que no solo se actualice en términos monetarios, sino que también considere la diversidad y el papel fundamental de los medios en la sociedad costarricense.
