Dos sociedades anónimas en las que figura el vicepresidente del Grupo Nación, Fernán Vargas, son investigadas en una causa que mantiene abierta la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público por presunta defraudación fiscal.
Agentes de la Policía de Control Fiscal (PCF) del Ministerio de Hacienda realizaron, con colaboración de auditores de la sección de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un allanamiento en la oficina de Vargas, ubicada en el bufete de abogados Lex Counsel, en Escazú.
De acuerdo con la investigación, las dos sociedades Orax S.A. y Torre Verde del Alba S.A., conformadas por un grupo de importantes empresarios costarricenses, en apariencia movilizaron a través de transacciones electrónicas ¢4.200 millones a una empresa fantasma en Panamá de nombre Cumberdos S.A.
Para tales fines los encargados de esas agrupaciones se escudaron en supuestos otorgamientos del 100% de sus acciones a esa sociedad panameña, misma que al poco tiempo devolvió esos recursos a nuestro país.
Todo el movimiento se habría realizado bajo la figura de inversiones de capital adicional, la cual no paga impuestos en Costa Rica, según se desprende de las investigaciones judiciales.
Sin embargo, la Administración Tributaria estableció tras una fiscalización en el bufete de Vargas que los giros eran en realidad remesas, que debían pagar un 15% de impuestos.
EMPRESARIO GUARDA SILENCIO
DIARIO EXTRA intentó comunicarse al momento del operativo con el vicepresidente de La Nación, Fernán Vargas, pero no fue posible ubicarlo en el edificio.
Quien sí lo hizo fue Carlos Tiffer, abogado del empresario, manifestando que hasta ahora Vargas por medio de sus compañías ha brindado toda la colaboración posible a la Administración de Tributación del Ministerio de Hacienda, que originalmente denunció ante el Ministerio Público a estas sociedades.
“Lo que le puedo decir es que es una investigación en curso, eso me obliga a no poder contestarle todo como usted desea, lo segundo es que efectivamente se trata de compañías en las cuales don Fernán es representante legal, le puedo decir que se trata de una discrepancia con respecto a una interpretación que hace la administración tributaria con respecto a una transacción de fondos”, declaró Tiffer.
FISCALÍA TRAS GIROS
Uno de los principales objetivos del despliegue policial en el bufete de abogados Lex Counsel de Fernán Vargas era obtener una copia de registros informáticos y documentos contables, que permitan al Ministerio Público determinar las fechas de los giros de dinero de las empresas ligadas al proceso judicial y sus respectivos socios.
“...El delito investigado es defraudación fiscal tributaria. En la acción de hoy (ayer) se logró decomisar prueba documental que será analizada por agentes de la Policía Fiscal y del OIJ”, señaló por medio de un correo la Fiscalía.
Juan Pablo Granados, investigador a cargo del proceso por parte de la Policía de Control Fiscal, añadió que las pesquisas se realizan desde el 2015 con el fin de rastrear las transacciones electrónicas realizadas durante los periodos que figuran en la denuncia.
Las autoridades judiciales no descartan más operaciones en las próximas horas en alguna de las empresas que generaron el dinero que fue movilizado a través de Orax S.A. y Torre Verde del Alba S.A.
En el allanamiento de este miércoles participaron cerca de 10 agentes entre Policía Fiscal y Organismo de Investigación Judicial, quienes revisaron desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. cada archivo que les permita dar forma al caso.
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Diario Extra - Directivo de La Nación en fraude de ¢4.200 mills.
